Los Estados Partes en la presente Convención,

Considerando que, de conformidad con los principios proclamados en la

Carta de las Naciones Unidas, la libertad, la justicia y la paz en el mundo

se basan en el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos

iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana,

Teniendo presente que los pueblos de las Naciones Unidas han

reafirmado en la Carta su fe en los derechos fundamentales del hombre y

en la dignidad y el valor de la persona humana, y que han decidido

promover el progreso social y elevar el nivel de vida dentro de un

concepto más amplio de la libertad,

Reconociendo que las Naciones Unidas han proclamado y acordado en la

Declaración Universal de Derechos Humanos y en los pactos

internacionales de derechos humanos, que toda persona tiene todos los

derechos y libertades enunciados en ellos, sin distinción alguna, por

motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra

índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o

cualquier otra condición,

Recordando que en la Declaración Universal de Derechos Humanos las

Naciones Unidas proclamaron que la infancia tiene derecho a cuidados y

asistencia especiales,

Convencidos de que la familia, como grupo fundamental de la sociedad y

medio natural para el crecimiento y el bienestar de todos sus miembros, y

en particular de los niños, debe recibir la protección y asistencia

necesarias para poder asumir plenamente sus responsabilidades dentro de

la comunidad,

Reconociendo que el niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su

personalidad, debe crecer en el seno de la familia, en un ambiente de

felicidad, amor y comprensión,

Considerando que el niño debe estar plenamente preparado para una vida

independiente en sociedad y ser educado en el espíritu de los ideales

proclamados en la Carta de las Naciones Unidas y, en particular, en un

espíritu de paz, dignidad, tolerancia, libertad, igualdad y solidaridad,

Teniendo presente que la necesidad de proporcionar al niño una

protección especial ha sido enunciada en la Declaración de Ginebra de

1924 sobre los Derechos del Niño y en la Declaración de los Derechos del

Niño adoptada por la Asamblea General el 20 de noviembre de 1959, y

reconocida en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (en particular, en los

artículos 23 y 24), en el Pacto Internacional de Derechos Económicos,

Sociales y Culturales (en particular, en el artículo 10) y en los estatutos e

instrumentos pertinentes de los organismos especializados y de las

organizaciones internacionales que se interesan en el bienestar del niño,

Teniendo presente que, como se indica en la Declaración de los Derechos

del Niño," el niño, por su falta de madurez física y mental, necesita

protección y cuidado especiales, incluso la debida protección legal, tanto

antes como después del nacimiento",

Recordando lo dispuesto en la Declaración sobre los principios sociales y

jurídicos relativos a la protección y el bienestar de los niños, con

particular referencia a la adopción y la colocación en hogares de guarda,

en los planos nacional e internacional; las Reglas mínimas de las

Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores (Reglas

de Beijing); y la Declaración sobre la protección de la mujer y el niño en

estados de emergencia o de conflicto armado,

Reconociendo que en todos los países del mundo hay niños que viven en

condiciones excepcionalmente difíciles y que esos niños necesitan

especial consideración,

Teniendo debidamente en cuenta la importancia de las tradiciones y los

valores culturales de cada pueblo para la protección y el desarrollo

armonioso del niño,

Reconociendo la importancia de la cooperación internacional para el

mejoramiento de las condiciones de vida de los niños en todos los países,

en particular en los países en desarrollo,

Han convenido en lo siguiente:

Para los efectos de la presente Convención, se entiende por niño todo ser

humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley

que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad.

1. Los Estados Partes respetarán los derechos enunciados en la presente

Convención y asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a su

jurisdicción, sin distinción alguna, independientemente de la raza, el

color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el

origen nacional, étnico o social, la posición económica, los impedimentos

físicos, el nacimiento o cualquier otra condición del niño, de sus padres o

de sus representantes legales.

2. Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para

garantizar que el niño se vea protegido contra toda forma de

discriminación o castigo por causa de la condición, las actividades, las

opiniones expresadas o las creencias de sus padres, o sus tutores o de sus

familiares.

1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las

instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las

autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración

primordial a que se atenderá será el interés superior del niño.

2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y

el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los

derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de

él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y

administrativas adecuadas.

3. Los Estados Partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y

establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños

cumplan las normas establecidas por las autoridades competentes,

especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y competencia

de su personal, así como en relación con la existencia de una supervisión

adecuada.

Los Estados Partes adoptarán todas las medidas administrativas,

legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos

reconocidos en la presente Convención. En lo que respecta a los derechos

económicos, sociales y culturales, los Estados Partes adoptarán esas

medidas hasta el máximo de los recursos de que dispongan y, cuando sea

necesario, dentro del marco de la cooperación internacional.

Los Estados Partes respetarán las responsabilidades, los derechos y los

deberes de los padres o, en su caso, de los miembros de la familia

ampliada o de la comunidad, según establezca la costumbre local, de los

tutores u otras personas encargadas legalmente del niño de impartirle, en

consonancia con la evolución de sus facultades, dirección y orientación

apropiadas para que el niño ejerza los derechos reconocidos en la presente

Convención.

1. Los Estados Partes reconocen que todo niño tiene el derecho intrínseco

a la vida.

2. Los Estados Partes garantizarán en la máxima medida posible la

supervivencia y el desarrollo del niño.

1. El niño será inscripto inmediatamente después de su nacimiento y

tendrá derecho desde que nace a un nombre, a adquirir una nacionalidad

y, en la medida de lo posible, a conocer a sus padres y a ser cuidado por

ellos.

2. Los Estados Partes velarán por la aplicación de estos derechos de

conformidad con su legislación nacional y las obligaciones que hayan

contraído en virtud de los instrumentos internacionales pertinentes en esta

esfera, sobre todo cuando el niño resultara de otro modo apátrida.

1. Los Estados Partes se comprometen a respetar el derecho del niño a

preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las

relaciones familiares de conformidad con la ley sin injerencias ilícitas.

2. Cuando un niño sea privado ilegalmente de algunos de los elementos

de su identidad o de todos ellos, los Estados Partes deberán prestar la

asistencia y protección apropiadas con miras a restablecer rápidamente su

identidad.

1. Los Estados Partes velarán por que el niño no sea separado de sus

padres contra la voluntad de éstos, excepto cuando, a reserva de revisión

judicial, las autoridades competentes determinen, de conformidad con la

ley y los procedimientos aplicables, que tal separación es necesaria en el

interés superior del niño. Tal determinación puede ser necesaria en casos

particulares, por ejemplo, en los casos en que el niño sea objeto de

maltrato o descuido por parte de sus padres o cuando éstos viven

separados y debe adoptarse una decisión acerca del lugar de residencia

del niño.

2. En cualquier procedimiento entablado de conformidad con el párrafo 1

del presente artículo, se ofrecerá a todas las partes interesadas la

oportunidad de participar en él y de dar a conocer sus opiniones.

3. Los Estados Partes respetarán el derecho del niño que esté separado de

uno o de ambos padres a mantener relaciones personales y contacto

directo con ambos padres de modo regular, salvo si ello es contrario al

interés superior del niño.

4. Cuando esa separación sea resultado de una medida adoptada por un

Estado Parte, como la detención, el encarcelamiento, el exilio, la

deportación o la muerte (incluido el fallecimiento debido a cualquier

causa mientras la persona esté bajo la custodia del Estado) de uno de los

padres del niño, o de ambos, o del niño, el Estado Parte proporcionará,

cuando se le pida, a los padres, al niño o, si procede, a otro familiar,

información básica acerca del paradero del familiar o familiares ausentes,

a no ser que ello resultase perjudicial para el bienestar del niño. Los

Estados Partes se cerciorarán, además, de que la presentación de tal

petición no entrañe por sí misma consecuencias desfavorables para la

persona o personas interesadas.

1. De conformidad con la obligación que incumbe a los Estados Partes a

tenor de lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 9, toda solicitud hecha

por un niño o por sus padres para entrar en un Estado Parte o para salir de

él a los efectos de la reunión de la familia será atendida por los Estados

Partes de manera positiva, humanitaria y expeditiva. Los Estados Partes

garantizarán, además, que la presentación de tal petición no traerá

consecuencias desfavorables para los peticionarios ni para sus familiares.

2. El niño cuyos padres residan en Estados diferentes tendrá derecho a

mantener periódicamente, salvo en circunstancias excepcionales,

relaciones personales y contactos directos con ambos padres. Con tal fin,

y de conformidad con la obligación asumida por los Estados Partes en

virtud del párrafo 1 del artículo 9, los Estados Partes respetarán el

derecho del niño y de sus padres a salir de cualquier país, incluido el

propio, y de entrar en su propio país. El derecho de salir de cualquier país

estará sujeto solamente a las restricciones estipuladas por ley y que sean

necesarias para proteger la seguridad nacional, el orden público, la salud

o la moral públicas o los derechos y libertades de otras personas y que

estén en consonancia con los demás derechos reconocidos por la presente

Convención.

1. Los Estados Partes adoptarán medidas para luchar contra los traslados

ilícitos de niños al extranjero y la retención ilícita de niños en el

extranjero.

2. Para este fin, los Estados Partes promoverán la concertación de

acuerdos bilaterales o multilaterales o la adhesión a acuerdos existentes.

1. Los Estados Partes garantizarán al niño que esté en condiciones de

formarse un juicio propio el derecho de expresar su opinión libremente en

todos los asuntos que afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta

las opiniones del niño, en función de la edad y madurez del niño.

2. Con tal fin, se dará en particular al niño oportunidad de ser escuchado,

en todo procedimiento judicial o administrativo que afecte al niño, ya sea

directamente o por medio de un representante o de un órgano apropiado,

en consonancia con las normas de procedimiento de la ley nacional.

1. El niño tendrá derecho a la libertad de expresión; ese derecho incluirá

la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de todo tipo,

sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o impresas,

en forma artística o por cualquier otro medio elegido por el niño.

2. El ejercicio de tal derecho podrá estar sujeto a ciertas restricciones, que

serán únicamente las que la ley prevea y sean necesarias:

a) Para el respeto de los derechos o la reputación de los demás; o

b) Para la protección de la seguridad nacional o el orden público o para

proteger la salud o la moral públicas.

1. Los Estados Partes respetarán el derecho del niño a la libertad de

pensamiento, de conciencia y de religión.

2. Los Estados Partes respetarán los derechos y deberes de los padres y,

en su caso, de los representantes legales, de guiar al niño en el ejercicio

de su derecho de modo conforme a la evolución de sus facultades.

3. La libertad de profesar la propia religión o las propias creencias estará

sujeta únicamente a las limitaciones prescritas por la ley que sean

necesarias para proteger la seguridad, el orden, la moral o la salud

públicos o los derechos y libertades fundamentales de los demás.

1. Los Estados Partes reconocen los derechos del niño a la libertad de

asociación y a la libertad de celebrar reuniones pacíficas.

2. No se impondrán restricciones al ejercicio de estos derechos distintas

de las establecidas de conformidad con la ley y que sean necesarias en

una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional o pública,

el orden público, la protección de la salud y la moral públicas o la

protección de los derechos y libertades de los demás.

1. Ningún niño será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida

privada, su familia, su domicilio o su correspondencia ni de ataques

ilegales a su honra y a su reputación.

2. El niño tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o

ataques.

Los Estados Partes reconocen la importante función que desempeñan los

medios de comunicación y velarán por que el niño tenga acceso a

información y material procedentes de diversas fuentes nacionales e

internacionales, en especial la información y el material que tengan por

finalidad promover su bienestar social, espiritual y moral y su salud física

y mental. Con tal objeto, los Estados Partes:

a) Alentarán a los medios de comunicación a difundir información y

materiales de interés social y cultural para el niño, de conformidad con el

espíritu del artículo 29;

b) Promoverán la cooperación internacional en la producción, el

intercambio y la difusión de esa información y esos materiales

procedentes de diversas fuentes culturales, nacionales e internacionales;

c) Alentarán la producción y difusión de libros para niños;

d) Alentarán a los medios de comunicación a que tengan particularmente

en cuenta las necesidades lingüísticas del niño perteneciente a un grupo

minoritario o que sea indígena;

e) Promoverán la elaboración de directrices apropiadas para proteger al

niño contra toda información y material perjudicial para su bienestar,

teniendo en cuenta las disposiciones de los artículos 13 y 18.

1. Los Estados Partes pondrán el máximo empeño en garantizar el

reconocimiento del principio de que ambos padres tienen obligaciones

comunes en lo que respecta a la crianza y el desarrollo del niño.

Incumbirá a los padres o, en su caso, a los representantes legales la

responsabilidad primordial de la crianza y el desarrollo del niño. Su

preocupación fundamental será el interés superior del niño.

2. A los efectos de garantizar y promover los derechos enunciados en la

presente Convención, los Estados Partes prestarán la asistencia apropiada

a los padres y a los representantes legales para el desempeño de sus

funciones en lo que respecta a la crianza del niño y velarán por la

creación de instituciones, instalaciones y servicios para el cuidado de los

niños.

3. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para que

los niños cuyos padres trabajan tengan derecho a beneficiarse de los

servicios e instalaciones de guarda de niños para los que reúnan las

condiciones requeridas.

1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas,

administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño

contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato

negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras

el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante

legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo.

2. Esas medidas de protección deberían comprender, según corresponda,

procedimientos eficaces para el establecimiento de programas sociales

con objeto de proporcionar la asistencia necesaria al niño y a quienes

cuidan de él, así como para otras formas de prevención y para la

identificación, notificación, remisión a una institución, investigación,

tratamiento y observación ulterior de los casos antes descritos de malos

tratos al niño y, según corresponda, la intervención judicial.

1. Los niños temporal o permanentemente privados de su medio familiar,

o cuyo superior interés exija que no permanezcan en ese medio, tendrán

derecho a la protección y asistencia especiales del Estado.

2. Los Estados Partes garantizarán, de conformidad con sus leyes

nacionales, otros tipos de cuidado para esos niños.

3. Entre esos cuidados figurarán, entre otras cosas, la colocación en

hogares de guarda, la kafala del derecho islámico, la adopción o de ser

necesario, la colocación en instituciones adecuadas de protección de

menores. Al considerar las soluciones, se prestará particular atención a la

conveniencia de que haya continuidad en la educación del niño y a su

origen étnico, religioso, cultural y lingüístico.

Los Estados Partes que reconocen o permiten el sistema de adopción

cuidarán de que el interés superior del niño sea la consideración

primordial y:

a) Velarán por que la adopción del niño sólo sea autorizada por las

autoridades competentes, las que determinarán, con arreglo a las leyes y a

los procedimientos aplicables y sobre la base de toda la información

pertinente y fidedigna, que la adopción es admisible en vista de la

situación jurídica del niño en relación con sus padres, parientes y

representantes legales y que, cuando así se requiera, las personas

interesadas hayan dado con conocimiento de causa su consentimiento a la

adopción sobre la base del asesoramiento que pueda ser necesario;

b) Reconocerán que la adopción en otro país puede ser considerada como

otro medio de cuidar del niño, en el caso de que éste no pueda ser

colocado en un hogar de guarda o entregado a una familia adoptiva o no

pueda ser atendido de manera adecuada en el país de origen;

c) Velarán por que el niño que haya de ser adoptado en otro país goce de

salvaguardias y normas equivalentes a las existentes respecto de la

adopción en el país de origen;

d) Adoptarán todas las medidas apropiadas para garantizar que, en el caso

de adopción en otro país, la colocación no dé lugar a beneficios

financieros indebidos para quienes participan en ella;

e) Promoverán, cuando corresponda, los objetivos del presente artículo

mediante la concertación de arreglos o acuerdos bilaterales o

multilaterales y se esforzarán, dentro de este marco, por garantizar que la

colocación del niño en otro país se efectúe por medio de las autoridades u

organismos competentes.

1. Los Estados Partes adoptarán medidas adecuadas para lograr que el

niño que trate de obtener el estatuto de refugiado o que sea considerado

refugiado de conformidad con el derecho y los procedimientos

internacionales o internos aplicables reciba, tanto si está solo como si está

acompañado de sus padres o de cualquier otra persona, la protección y la

asistencia humanitaria adecuadas para el disfrute de los derechos

pertinentes enunciados en la presente Convención y en otros instrumentos

internacionales de derechos humanos o de carácter humanitario en que

dichos Estados sean partes.

2. A tal efecto los Estados Partes cooperarán, en la forma que estimen

apropiada, en todos los esfuerzos de las Naciones Unidas y demás

organizaciones intergubernamentales competentes u organizaciones no

gubernamentales que cooperen con las Naciones Unidas por proteger y

ayudar a todo niño refugiado y localizar a sus padres o a otros miembros

de su familia, a fin de obtener la información necesaria para que se reúna

con su familia. En los casos en que no se pueda localizar a ninguno de los

padres o miembros de la familia, se concederá al niño la misma

protección que a cualquier otro niño privado permanente o temporalmente

de su medio familiar, por cualquier motivo, como se dispone en la

presente Convención.

1. Los Estados Partes reconocen que el niño mental o físicamente

impedido deberá disfrutar de una vida plena y decente en condiciones que

aseguren su dignidad, le permitan llegar a bastarse a sí mismo y faciliten

la participación activa del niño en la comunidad.

2. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño impedido a recibir

cuidados especiales y alentarán y asegurarán, con sujeción a los recursos

disponibles, la prestación al niño que reúna las condiciones requeridas y a

los responsables de su cuidado de la asistencia que se solicite y que sea

adecuada al estado del niño y a las circunstancias de sus padres o de otras

personas que cuiden de él.

3. En atención a las necesidades especiales del niño impedido, la

asistencia que se preste conforme al párrafo 2 del presente artículo será

gratuita siempre que sea posible, habida cuenta de la situación económica

de los padres o de las otras personas que cuiden del niño, y estará

destinada a asegurar que el niño impedido tenga un acceso efectivo a la

educación, la capacitación, los servicios sanitarios, los servicios de

rehabilitación, la preparación para el empleo y las oportunidades de

esparcimiento y reciba tales servicios con el objeto de que el niño logre la

integración social y el desarrollo individual, incluido su desarrollo

cultural y espiritual, en la máxima medida posible.

4. Los Estados Partes promoverán, con espíritu de cooperación

internacional, el intercambio de información adecuada en la esfera de la

atención sanitaria preventiva y del tratamiento médico, psicológico y

funcional de los niños impedidos, incluida la difusión de información

sobre los métodos de rehabilitación y los servicios de enseñanza y

formación profesional, así como el acceso a esa información a fin de que

los Estados Partes puedan mejorar su capacidad y conocimientos y

ampliar su experiencia en estas esferas. A este respecto, se tendrán

especialmente en cuenta las necesidades de los países en desarrollo.

1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al disfrute del más

alto nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento de las

enfermedades y la rehabilitación de la salud. Los Estados Partes se

esforzarán por asegurar que ningún niño sea privado de su derecho al

disfrute de esos servicios sanitarios.

2. Los Estados Partes asegurarán la plena aplicación de este derecho y, en

particular, adoptarán las medidas apropiadas para:

a) Reducir la mortalidad infantil y en la niñez;

b) Asegurar la prestación de la asistencia médica y la atención sanitaria

que sean necesarias a todos los niños, haciendo hincapié en el desarrollo

de la atención primaria de salud;

c) Combatir las enfermedades y la malnutrición en el marco de la

atención primaria de la salud mediante, entre otras cosas, la aplicación de

la tecnología disponible y el suministro de alimentos nutritivos adecuados

y agua potable salubre, teniendo en cuenta los peligros y riesgos de

contaminación del medio ambiente;

d) Asegurar atención sanitaria prenatal y postnatal apropiada a las

madres;

e) Asegurar que todos los sectores de la sociedad, y en particular los

padres y los niños, conozcan los principios básicos de la salud y la

nutrición de los niños, las ventajas de la lactancia materna, la higiene y el

saneamiento ambiental y las medidas de prevención de accidentes, tengan

acceso a la educación pertinente y reciban apoyo en la aplicación de esos

conocimientos;

f) Desarrollar la atención sanitaria preventiva, la orientación a los padres

y la educación y servicios en materia de planificación de la familia.

3. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas eficaces y apropiadas

posibles para abolir las prácticas tradicionales que sean perjudiciales para

la salud de los niños.

4. Los Estados Partes se comprometen a promover y alentar la

cooperación internacional con miras a lograr progresivamente la plena

realización del derecho reconocido en el presente artículo. A este

respecto, se tendrán plenamente en cuenta las necesidades de los países

en desarrollo.

Los Estados Partes reconocen el derecho del niño que ha sido internado

en un establecimiento por las autoridades competentes para los fines de

atención, protección o tratamiento de su salud física o mental a un

examen periódico del tratamiento a que esté sometido y de todas las

demás circunstancias propias de su internación.

1. Los Estados Partes reconocerán a todos los niños el derecho a

beneficiarse de la seguridad social, incluso del seguro social, y adoptarán

las medidas necesarias para lograr la plena realización de este derecho de

conformidad con su legislación nacional.

2. Las prestaciones deberían concederse, cuando corresponda, teniendo en

cuenta los recursos y la situación del niño y de las personas que sean

responsables del mantenimiento del niño, así como cualquier otra

consideración pertinente a una solicitud de prestaciones hecha por el niño

o en su nombre.

1. Los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño a un nivel de

vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social.

2. A los padres u otras personas encargadas del niño les incumbe la

responsabilidad primordial de proporcionar, dentro de sus posibilidades y

medios económicos, las condiciones de vida que sean necesarias para el

desarrollo del niño.

3. Los Estados Partes, de acuerdo con las condiciones nacionales y con

arreglo a sus medios, adoptarán medidas apropiadas para ayudar a los

padres y a otras personas responsables por el niño a dar efectividad a este

derecho y, en caso necesario, proporcionarán asistencia material y

programas de apoyo, particularmente con respecto a la nutrición, el

vestuario y la vivienda.

4. Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para asegurar

el pago de la pensión alimenticia por parte de los padres u otras personas

que tengan la responsabilidad financiera por el niño, tanto si viven en el

Estado Parte como si viven en el extranjero. En particular, cuando la

persona que tenga la responsabilidad financiera por el niño resida en un

Estado diferente de aquel en que resida el niño, los Estados Partes

promoverán la adhesión a los convenios internacionales o la concertación

de dichos convenios, así como la concertación de cualesquiera otros

arreglos apropiados.

1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño a la educación y, a

fin de que se pueda ejercer progresivamente y en condiciones de igualdad

de oportunidades ese derecho, deberán en particular:

a) Implantar la enseñanza primaria obligatoria y gratuita para todos;

b) Fomentar el desarrollo, en sus distintas formas, de la enseñanza

secundaria, incluida la enseñanza general y profesional, hacer que todos

los niños dispongan de ella y tengan acceso a ella y adoptar medidas

apropiadas tales como la implantación de la enseñanza gratuita y la

concesión de asistencia financiera en caso de necesidad;

c) Hacer la enseñanza superior accesible a todos, sobre la base de la

capacidad, por cuantos medios sean apropiados;

d) Hacer que todos los niños dispongan de información y orientación en

cuestiones educacionales y profesionales y tengan acceso a ellas;

e) Adoptar medidas para fomentar la asistencia regular a las escuelas y

reducir las tasas de deserción escolar.

2. Los Estados Partes adoptarán cuantas medidas sean adecuadas para

velar por que la disciplina escolar se administre de modo compatible con

la dignidad humana del niño y de conformidad con la presente

Convención.

3. Los Estados Partes fomentarán y alentarán la cooperación internacional

en cuestiones de educación, en particular a fin de contribuir a eliminar la

ignorancia y el analfabetismo en todo el mundo y de facilitar el acceso a

los conocimientos técnicos y a los métodos modernos de enseñanza. A

este respecto, se tendrán especialmente en cuenta las necesidades de los

países en desarrollo.

1. Los Estados Partes convienen en que la educación del niño deberá estar

encaminada a:

a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física

del niño hasta el máximo de sus posibilidades;

b) Inculcar al niño el respeto de los derechos humanos y las libertades

fundamentales y de los principios consagrados en la Carta de las

Naciones Unidas;

c) Inculcar al niño el respeto de sus padres, de su propia identidad

cultural, de su idioma y sus valores, de los valores nacionales del país en

que vive, del país de que sea originario y de las civilizaciones distintas de

la suya;

d) Preparar al niño para asumir una vida responsable en una sociedad

libre, con espíritu de comprensión, paz, tolerancia, igualdad de los sexos

y amistad entre todos los pueblos, grupos étnicos, nacionales y religiosos

y personas de origen indígena;

e) Inculcar al niño el respeto del medio ambiente natural.

2. Nada de lo dispuesto en el presente artículo o en el artículo 28 se

interpretará como una restricción de la libertad de los particulares y de las

entidades para establecer y dirigir instituciones de enseñanza, a condición

de que se respeten los principios enunciados en el párrafo 1 del presente

artículo y de que la educación impartida en tales instituciones se ajuste a

las normas mínimas que prescriba el Estado.

En los Estados en que existan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas o

personas de origen indígena, no se negará a un niño que pertenezca a tales

minorías o que sea indígena el derecho que le corresponde, en común con

los demás miembros de su grupo, a tener su propia vida cultural, a

profesar y practicar su propia religión, o a emplear su propio idioma.

1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al descanso y el

esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas propias de su edad

y a participar libremente en la vida cultural y en las artes.

2. Los Estados Partes respetarán y promoverán el derecho del niño a

participar plenamente en la vida cultural y artística y propiciarán

oportunidades apropiadas, en condiciones de igualdad, de participar en la

vida cultural, artística, recreativa y de esparcimiento.

1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño a estar protegido

contra la explotación económica y contra el desempeño de cualquier

trabajo que pueda ser peligroso o entorpecer su educación, o que sea

nocivo para su salud o para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral

o social.

2. Los Estados Partes adoptarán medidas legislativas, administrativas,

sociales y educacionales para garantizar la aplicación del presente

artículo. Con ese propósito y teniendo en cuenta las disposiciones

pertinentes de otros instrumentos internacionales, los Estados Partes, en

particular:

a) Fijarán una edad o edades mínimas para trabajar;

b) Dispondrán la reglamentación apropiada de los horarios y condiciones

de trabajo;

c) Estipularán las penalidades u otras sanciones apropiadas para asegurar

la aplicación efectiva del presente artículo.

Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas, incluidas

medidas legislativas, administrativas, sociales y educacionales, para

proteger a los niños contra el uso ilícito de los estupefacientes y

sustancias sicotrópicas enumeradas en los tratados internacionales

pertinentes, y para impedir que se utilice a niños en la producción y el

tráfico ilícitos de esas sustancias.

Los Estados Partes se comprometen a proteger al niño contra todas las

formas de explotación y abuso sexuales. Con este fin, los Estados Partes

tomarán, en particular, todas las medidas de carácter nacional, bilateral y

multilateral que sean necesarias para impedir:

a) La incitación o la coacción para que un niño se dedique a cualquier

actividad sexual ilegal;

b) La explotación del niño en la prostitución u otras prácticas sexuales

ilegales;

c) La explotación del niño en espectáculos o materiales pornográficos.

Los Estados Partes tomarán todas las medidas de carácter nacional,

bilateral y multilateral que sean necesarias para impedir el secuestro, la

venta o la trata de niños para cualquier fin o en cualquier forma.

Los Estados Partes protegerán al niño contra todas las demás formas de

explotación que sean perjudiciales para cualquier aspecto de su bienestar.

Los Estados Partes velarán por que:

a) Ningún niño sea sometido a torturas ni a otros tratos o penas crueles,

inhumanos o degradantes. No se impondrá la pena capital ni la de prisión

perpetua sin posibilidad de excarcelación por delitos cometidos por

menores de 18 años de edad;

b) Ningún niño sea privado de su libertad ilegal o arbitrariamente. La

detención, el encarcelamiento o la prisión de un niño se llevará a cabo de

conformidad con la ley y se utilizará tan sólo como medida de último

recurso y durante el período más breve que proceda;

c) Todo niño privado de libertad sea tratado con la humanidad y el

respeto que merece la dignidad inherente a la persona humana, y de

manera que se tengan en cuenta las necesidades de las personas de su

edad. En particular, todo niño privado de libertad estará separado de los

adultos, a menos que ello se considere contrario al interés superior del

niño, y tendrá derecho a mantener contacto con su familia por medio de

correspondencia y de visitas, salvo en circunstancias excepcionales;

d) Todo niño privado de su libertad tendrá derecho a un pronto acceso a

la asistencia jurídica y otra asistencia adecuada, así como derecho a

impugnar la legalidad de la privación de su libertad ante un tribunal u otra

autoridad competente, independiente e imparcial y a una pronta decisión

sobre dicha acción.

1. Los Estados Partes se comprometen a respetar y velar por que se

respeten las normas del derecho internacional humanitario que les sean

aplicables en los conflictos armados y que sean pertinentes para el niño.

2. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas posibles para asegurar

que las personas que aún no hayan cumplido los 15 años de edad no

participen directamente en las hostilidades.

3. Los Estados Partes se abstendrán de reclutar en las fuerzas armadas a

las personas que no hayan cumplido los 15 años de edad. Si reclutan

personas que hayan cumplido 15 años, pero que sean menores de 18, los

Estados Partes procurarán dar prioridad a los de más edad.

4. De conformidad con las obligaciones dimanadas del derecho

internacional humanitario de proteger a la población civil durante los

conflictos armados, los Estados Partes adoptarán todas las medidas

posibles para asegurar la protección y el cuidado de los niños afectados

por un conflicto armado.

Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para

promover la recuperación física y psicológica y la reintegración social de

todo niño víctima de: cualquier forma de abandono, explotación o abuso;

tortura u otra forma de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; o

conflictos armados. Esa recuperación y reintegración se llevarán a cabo

en un ambiente que fomente la salud, el respeto de sí mismo y la dignidad

del niño.

1. Los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño de quien se

alegue que ha infringido las leyes penales o a quien se acuse o declare

culpable de haber infringido esas leyes a ser tratado de manera acorde con

el fomento de su sentido de la dignidad y el valor, que fortalezca el

respeto del niño por los derechos humanos y las libertades fundamentales

de terceros y en la que se tengan en cuenta la edad del niño y la

importancia de promover la reintegración del niño y de que éste asuma

una función constructiva en la sociedad.

2. Con este fin, y habida cuenta de las disposiciones pertinentes de los

instrumentos internacionales, los Estados Partes garantizarán, en

particular:

a) Que no se alegue que ningún niño ha infringido las leyes penales, ni se

acuse o declare culpable a ningún niño de haber infringido esas leyes, por

actos u omisiones que no estaban prohibidos por las leyes nacionales o

internacionales en el momento en que se cometieron;

b) Que a todo niño del que se alegue que ha infringido las leyes penales o

a quien se acuse de haber infringido esas leyes se le garantice, por lo

menos, lo siguiente:

i) Que se lo presumirá inocente mientras no se pruebe su culpabilidad

conforme a la ley;

ii) Que será informado sin demora y directamente o, cuando sea

procedente, por intermedio de sus padres o sus representantes legales, de

los cargos que pesan contra él y que dispondrá de asistencia jurídica u

otra asistencia apropiada en la preparación y presentación de su defensa;

iii) Que la causa será dirimida sin demora por una autoridad u órgano

judicial competente, independiente e imparcial en una audiencia

equitativa conforme a la ley, en presencia de un asesor jurídico u otro tipo

de asesor adecuado y, a menos que se considerare que ello fuere contrario

al interés superior del niño, teniendo en cuenta en particular su edad o

situación y a sus padres o representantes legales;

iv) Que no será obligado a prestar testimonio o a declararse culpable, que

podrá interrogar o hacer que se interrogue a testigos de cargo y obtener la

participación y el interrogatorio de testigos de descargo en condiciones de

igualdad;

v) Si se considerare que ha infringido, en efecto, las leyes penales, que

esta decisión y toda medida impuesta a consecuencia de ella, serán

sometidas a una autoridad u órgano judicial superior competente,

independiente e imparcial, conforme a la ley;

vi) Que el niño contará con la asistencia gratuita de un intérprete si no

comprende o no habla el idioma utilizado;

vii) Que se respetará plenamente su vida privada en todas las fases del

procedimiento.

3. Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para

promover el establecimiento de leyes, procedimientos, autoridades e

instituciones específicos para los niños de quienes se alegue que han

infringido las leyes penales o a quienes se acuse o declare culpables de

haber infringido esas leyes, y en particular:

a) El establecimiento de una edad mínima antes de la cual se presumirá

que los niños no tienen capacidad para infringir las leyes penales;

b) Siempre que sea apropiado y deseable, la adopción de medidas para

tratar a esos niños sin recurrir a procedimientos judiciales, en el

entendimiento de que se respetarán plenamente los derechos humanos y

las garantías legales.

4. Se dispondrá de diversas medidas, tales como el cuidado, las órdenes

de orientación y supervisión, el asesoramiento, la libertad vigilada, la

colocación en hogares de guarda, los programas de enseñanza y

formación profesional, así como otras posibilidades alternativas a la

internación en instituciones, para asegurar que los niños sean tratados de

manera apropiada para su bienestar y que guarde proporción tanto con sus

circunstancias como con la infracción.

Nada de lo dispuesto en la presente Convención afectará a las

disposiciones que sean más conducentes a la realización de los derechos

del niño y que puedan estar recogidas en:

a) El derecho de un Estado Parte; o

b) El derecho internacional vigente con respecto a dicho Estado.

Los Estados Partes se comprometen a dar a conocer ampliamente los

principios y disposiciones de la Convención por medios eficaces y

apropiados, tanto a los adultos como a los niños.

1. Con la finalidad de examinar lor progresos realizados en el

cumplimiento de las obligaciones contraídas por los Estados Partes en la

presente Convención, se establecerá un Comité de los Derechos del Niño

que desempeñará las funciones que a continuación se estipulan.

2. El Comité estará integrado por diez expertos de gran integridad moral y

reconocida competencia en las esferas reguladas por la presente

Convención. Los miembros del Comité serán elegidos por los Estados

Partes entre sus nacionales y ejercerán sus funciones a título personal,

teniéndose debidamente en cuenta la distribución geográfica, así como los

principales sistemas jurídicos.

3. Los miembros del Comité serán elegidos, en votación secreta, de una

lista de personas designadas por los Estados Partes. Cada Estado Parte

podrá designar a una persona escogida entre sus propios nacionales.

4. La elección inicial se celebrará a más tardar seis meses después de la

entrada en vigor de la presente Convención y ulteriormente cada dos

años. Con cuatro meses, como mínimo, de antelación respecto de la fecha

de cada elección, el Secretario General de las Naciones Unidas dirigirá

una carta a los Estados Partes invitándolos a que presenten sus

candidaturas en un plazo de dos meses. El Secretario General preparará

después una lista en la que figurarán por orden alfabético todos los

candidatos propuestos, con indicación de los Estados Partes que los hayan

designado, y la comunicará a los Estados Partes en la presente

Convención.

5. Las elecciones se celebrarán en una reunión de los Estados Partes

convocada por el Secretario General en la Sede de las Naciones Unidas.

En esa reunión, en la que la presencia de dos tercios de los Estados Partes

constituirá quórum, las personas seleccionadas para formar parte del

Comité serán aquellos candidatos que obtengan el mayor número de

votos y una mayoría absoluta de los votos de los representantes de los

Estados Partes presentes y votantes.

6. Los miembros del Comité serán elegidos por un período de cuatro

años. Podrán ser reelegidos si se presenta de nuevo su candidatura. El

mandato de cinco de los miembros elegidos en la primera elección

expirará al cabo de dos años; inmediatamente después de efectuada la

primera elección, el presidente de la reunión en que ésta se celebre elegirá

por sorteo los nombres de esos cinco miembros.

7. Si un miembro del Comité fallece o dimite o declara que por cualquier

otra causa no puede seguir desempeñando sus funciones en el Comité, el

Estado Parte que propuso a ese miembro designará entre sus propios

nacionales a otro experto para ejercer el mandato hasta su término, a

reserva de la aprobación del Comité.

8. El Comité adoptará su propio reglamento.

9. El Comité elegirá su Mesa por un período de dos años.

10. Las reuniones del Comité se celebrarán normalmente en la Sede de las

Naciones Unidas o en cualquier otro lugar conveniente que determine el

Comité. El Comité se reunirá normalmente todos los años. La duración de

las reuniones del Comité será determinada y revisada, si procediera, por

una reunión de los Estados Partes en la presente Convención, a reserva de

la aprobación de la Asamblea General.

11. El Secretario General de las Naciones Unidas proporcionará el

personal y los servicios necesarios para el desempeño eficaz de las

funciones del Comité establecido en virtud de la presente Convención.

12. Previa aprobación de la Asamblea General, los miembros del Comité

establecido en virtud de la presente Convención recibirán emolumentos

con cargo a los fondos de las Naciones Unidas, según las condiciones que

la Asamblea pueda establecer.

Los Estados Partes se comprometen a presentar al Comité, por conducto

del Secretario General de las Naciones Unidas, informes sobre las

medidas que hayan adoptado para dar efecto a los derechos reconocidos

en la Convención y sobre el progreso que hayan realizado en cuanto al

goce de esos derechos:

a) En el plazo de dos años a partir de la fecha en la que para cada Estado

Parte haya entrado en vigor la presente Convención;

b) En lo sucesivo, cada cinco años.

2. Los informes preparados en virtud del presente artículo deberán indicar

las circunstancias y dificultades, si las hubiere, que afecten al grado de

cumplimiento de las obligaciones derivadas de la presente Convención.

Deberán asimismo, contener información suficiente para que el Comité

tenga cabal comprensión de la aplicación de la Convención en el país de

que se trate.

3. Los Estados Partes que hayan presentado un informe inicial completo

al Comité no necesitan repetir, en sucesivos informes presentados de

conformidad con lo dispuesto en el inciso b) del párrafo 1 del presente

artículo, la información básica presentada anteriormente.

4. El Comité podrá pedir a los Estados Partes más información relativa a

la aplicación de la Convención.

5. El Comité presentará cada dos años a la Asamblea General de las

Naciones Unidas, por conducto del Consejo Económico y Social,

informes sobre sus actividades.

6. Los Estados Partes darán a sus informes una amplia difusión entre el

público de sus países respectivos.

Con objeto de fomentar la aplicación efectiva de la Convención y de

estimular la cooperación internacional en la esfera regulada por la

Convención:

a) Los organismos especializados, el Fondo de las Naciones Unidas para

la Infancia y demás órganos de las Naciones Unidas tendrán derecho a

estar representados en el examen de la aplicación de aquellas

disposiciones de la presente Convención comprendidas en el ámbito de su

mandato. El Comité podrá invitar a los organismos especializados, al

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y a otros órganos

competentes que considere apropiados a que proporcionen asesoramiento

especializado sobre la aplicación de la Convención en los sectores que

son de incumbencia de sus respectivos mandatos. El Comité podrá invitar

a los organismos especializados, al Fondo de las Naciones Unidas para la

Infancia y demás órganos de las Naciones Unidas a que presenten

informes sobre la aplicación de aquellas disposiciones de la presente

Convención comprendidas en el ámbito de sus actividades;

b) El Comité transmitirá, según estime conveniente, a los organismos

especializados, al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y a otros

órganos competentes, los informes de los Estados Partes que contengan

una solicitud de asesoramiento o de asistencia técnica, o en los que se

indique esa necesidad, junto con las observaciones y sugerencias del

Comité, si las hubiere, acerca de esas solicitudes o indicaciones;

c) El Comité podrá recomendar a la Asamblea General que pida al

Secretario General que efectúe, en su nombre, estudios sobre cuestiones

concretas relativas a los derechos del niño;

d) El Comité podrá formular sugerencias y recomendaciones generales

basadas en la información recibida en virtud de los artículos 44 y 45 de la

presente Convención. Dichas sugerencias y recomendaciones generales

deberán transmitirse a los Estados Partes interesados y notificarse a la

Asamblea General, junto con los comentarios, si los hubiere, de los

Estados Partes.

La presente Convención estará abierta a la firma de todos los Estados.

La presente Convención está sujeta a ratificación. Los instrumentos de

ratificación se depositarán en poder del Secretario General de las

Naciones Unidas.

La presente Convención permanecerá abierta a la adhesión de cualquier

Estado. Los instrumentos de adhesión se depositarán en poder del

Secretario General de las Naciones Unidas.

1. La presente Convención entrará en vigor el trigésimo día siguiente a la

fecha en que haya sido depositado el vigésimo instrumento de ratificación

o de adhesión en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.

2. Para cada Estado que ratifique la Convención o se adhiera a ella

después de haber sido depositado el vigésimo instrumento de ratificación

o de adhesión, la Convención entrará en vigor el trigésimo día después

del depósito por tal Estado de su instrumento de ratificación o adhesión.

1. Todo Estado Parte podrá proponer una enmienda y depositarla en

poder del Secretario General de las Naciones Unidas. El Secretario

General comunicará la enmienda propuesta a los Estados Partes,

pidiéndoles que les notifiquen si desean que se convoque una conferencia

de Estados Partes con el fin de examinar la propuesta y someterla a

votación. Si dentro de los cuatro meses siguientes a la fecha de esa

notificación un tercio, al menos, de los Estados Partes se declara en favor

de tal conferencia, el Secretario General convocará una conferencia con el

auspicio de las Naciones Unidas. Toda enmienda adoptada por la mayoría

de Estados Partes, presentes y votantes en la conferencia, será sometida

por el Secretario General a la Asamblea General de las Naciones Unidas

para su aprobación.

2. Toda enmienda adoptada de conformidad con el párrafo 1 del presente

artículo entrará en vigor cuando haya sido aprobada por la Asamblea

General de las Naciones Unidas y aceptada por una mayoría de dos

tercios de los Estados Partes.

3. Cuando las enmiendas entren en vigor serán obligatorias para los

Estados Partes que las hayan aceptado, en tanto que los demás Estados

Partes seguirán obligados por las disposiciones de la presente Convención

y por las enmiendas anteriores que hayan aceptado.

1. El Secretario General de las Naciones Unidas recibirá y comunicará a

todos los Estados el texto de las reservas formuladas por los Estados en el

momento de la ratificación o de la adhesión.

2. No se aceptará ninguna reserva incompatible con el objeto y el

propósito de la presente Convención.

3. Toda reserva podrá ser retirada en cualquier momento por medio de

una notificación hecha a ese efecto y dirigida al Secretario General de las

Naciones Unidas, quien informará a todos los Estados. Esa notificación

surtirá efecto en la fecha de su recepción por el Secretario General.

Todo Estado Parte podrá denunciar la presente Convención mediante

notificación hecha por escrito al Secretario General de las Naciones

Unidas. La denuncia surtirá efecto un año después de la fecha en que la

notificación haya sido recibida por el Secretario General.

Se desgina depositario de la presente Convención al Secretario General

de las Naciones Unidas.

El original de la presente Convención, cuyos textos en árabe, chino,

español, francés, inglés y ruso son igualmente auténticos, se depositará en

poder del Secretario General de las Naciones Unidas.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, los infrascritos plenipotenciarios,

debidamente autorizados para ello por sus respectivos gobiernos, han